20 de noviembre: A 30 años de la Convención de los Derechos del Niño
Un 20 de noviembre de 1989 se proclamaba en Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento mundial de plena vigencia que tardó más de 10 años en ver la luz, e incluso luego, necesitó de casi un año para entrar en vigencia con la ratificación de los primeros 20 países. Durante ese tiempo se recogieron aportes y se consultaron expertos de diversas áreas, culturas y religiones. Es el tratado internacional sobre derechos humanos con mayor adhesión de gobiernos a nivel mundial, con pleno consenso sobre su necesidad y contenido.
A lo largo de sus 54 artículos, la Convención viene a presentar un cambio de perspectiva en la consideración de la niñez, al reconocer que los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a su pleno desarrollo físico, mental y social y que, a tal fin, deben ser protegidos y cuidados por la sociedad toda.
Tal como lo señala UNICEF, esta Convención “reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y la asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad”.
Ahora bien, esta proclama internacional que hoy celebra sus primeros 30 años viene a recordarnos que no se trata solo de declamar derechos sino de resignificarlos y llevarlos a su máxima concreción. No es cuestión de ser ‘políticamente correctos’, de emitir nuevas leyes, ni de salir sonrientes en fotos de campaña. Se trata de asegurar a la niñez el verdadero respeto de su dignidad, de su derecho a vivir y a gozar de una vida sana, de brindar todas las oportunidades de desarrollo integral que preparen a nuestros niños y jóvenes para una vida plena.
Pero, ¿cómo responder a este compromiso cuando más de la mitad de los niños argentinos son pobres? (Observatorio de la Deuda Social – UCA, 2019), cuando solo seis de cada diez estudiantes que empiezan la secundaria la terminan en el plazo esperado, es decir, solo el 48% de la población en edad juvenil en nuestro país -17/18 años- (Argentinos por la Educación, 2019). Cuando el 85% de los delitos informáticos en Argentina, están ligados al grooming y la pornografía infantil (ONG Grooming Argentina), con más de 300 casos diarios en estudio según informa el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal. Cuando en todo el país deben tomarse medidas excepcionales de protección ante el maltrato infantil, el abandono o el abuso sexual (Informe UNICEF – SENAF, 2017). Cuando nos encontramos con más de 87.000 nacimientos anuales de madres adolescentes menores de 20 años (SENAF, 2018). Cuando hay cerca de 10.000 niñas, niños, adolescentes o jóvenes de hasta 18 años que han sido separados de su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios por haber sido dictada una medida de protección excepcional de derechos y se encuentran institucionalizados, lo que hoy podemos denominar ‘sin cuidados parentales’ (Informe UNICEF – SENAF, 2017). Cuando, en nuestro país, los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años y es la mortalidad más elevada entre jóvenes de 15 a 19 años, donde, desde principios de la década del 90 hasta la actualidad, la mortalidad por suicidio en adolescentes se triplicó considerando el conjunto del país (UNICEF, 2019).
Lejos de hacernos caer en el desánimo, estos datos deben fortalecernos para luchar más que nunca por la real concreción de los derechos de la niñez. Comprendiendo que este no solo es el compromiso internacionalmente asumido por el Estado Argentino, sino, sobre todo, una obligación que cada uno de nosotros tenemos para con los más vulnerables.
El bien de niños, niñas y adolescentes exige la promoción de una autonomía progresiva que los empodere armónicamente en su desarrollo integral, para que se conviertan en ciudadanos responsables. Para ello, el desarrollo debe ir promoviendo a un mismo tiempo la libertad y la responsabilidad en el niño, niña y adolescente, y nada mejor que la familia para lograrlo. Por tanto, también aquí el Estado tiene un rol fundamental, no remplazando, sino protegiendo la familia.
Así lo reconocen numerosas convenciones y tratados internacionales, como la abultada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La familia es el núcleo más apto y conveniente para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Expropiar la promoción del desarrollo de la familia es, la mayoría de las veces, ineficiente y nocivo. Empoderar las estructuras sociales espontáneas de desarrollo es reforzar tejidos sociales de contención, preventivos del delito, favorecedores de la escolarización y del mejor desarrollo de niños y jóvenes. Es humanizar el crecimiento hacia la autonomía plena.
Es claro que el Estado tiene un largo camino por delante para asegurar la igualdad de oportunidades para cada niño, niña y adolescente en nuestro país. Pero treinta años deberían ser más que suficientes para tomar conciencia de nuestro quehacer personal. Movilizarnos a comprender que la familia debe ser el mejor espacio para el desarrollo integral de los niños. Y fuera de este entorno afectivo, somos también responsables de la promoción de la niñez en cada una de nuestras comunidades. Reconocer, respetar y potenciar las libertades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes, debería ser siempre la meta de todo acompañamiento parental, educativo y comunitario.
Asumamos, entonces, la responsabilidad que a cada uno compete para resignificar los derechos de la niñez.
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