10 de octubre: Día de la Salud Mental
Escribe: Nicolás Kreplak (Ministro de Salud de la Provincia Buenos Aires)
Comparto en esta nota dos artículos: 1) Hay que hablar de salud mental. 2) Pseudociencia y Negacionismo
1) Hay que hablar de salud mental
No hay que esconderla ni dejarla relegada en un rincón incómodo de la política sanitaria, porque ahí solo se la estigmatiza y se la opina sin involucrarse en el tema. Sus soluciones no son ni cambiar la normativa, ni objetar la actualidad. Tenemos que adaptarnos al contexto y poder actuar en consecuencia. Hay más demanda, en todo nivel y en todas las aristas que constituyen la prevención, atención y cuidado de la salud mental y los consumos problemáticos.
Cuando la sociedad silencia o posterga los temas, lo que se reproduce es la lógica del abandono y del encierro, la misma que durante siglos sostuvo el modelo manicomial. Hablar de salud mental significa asumir que es parte esencial de la salud integral de nuestro pueblo y que, para transformarla, necesitamos diagnosticar, planificar, invertir y trabajar con la responsabilidad de un Estado presente.
El marco normativo está claro: la Ley de Salud Mental fija el rumbo hacia un sistema basado en derechos, con dispositivos comunitarios, hogares asistidos, equipos interdisciplinarios y una red territorial que acompañe a cada persona en su contexto de vida. Por eso es fundamental recordar que los problemas de gestión no son problemas de la Ley. Son, en todo caso, el resultado de no haber planificado ni invertido lo suficiente en décadas pasadas para hacerla realidad. En la Provincia de Buenos Aires estamos demostrando que sí se puede avanzar en la implementación efectiva: no retrocediendo a la lógica de los muros, sino construyendo comunidad.
En estos años pusimos en marcha una transformación histórica. Ya son casi 200 dispositivos comunitarios de salud mental, con 22 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental, a los que le estamos sumando 14 más (5 de ellos ya inaugurados y en funcionamiento), y se consolidaron 187 viviendas con apoyos donde viven más de 500 personas que estaban olvidadas y abandonadas en los neuropsiquiátricos. Incorporamos 2.600 nuevos trabajadores y trabajadoras al sistema, y logramos que todos los hospitales provinciales tengan atención en salud mental: hoy el 80% de las internaciones se hacen en hospitales generales, frente al 20% que había en 2019. También multiplicamos las prestaciones comunitarias y escolares: más de 281 mil estudiantes secundarios participaron de programas de promoción, y los dispositivos de base comunitaria realizaron más de 615 mil prestaciones en cinco años.
Hoy, cuando algunos sectores plantean falsas dicotomías entre prioridades sanitarias, hay que decirlo con claridad: no se puede hablar de una reforma integral del sistema de salud sin incluir a la salud mental. Es imposible pensar un sistema más justo, humano y eficiente si no terminamos de incluir y construir la red comunitaria sólida, cercana y digna que necesita nuestro pueblo y especialmente las y los usuarios del sistema de salud mental.
La Provincia de Buenos Aires avanza en ese camino con hechos y con inversión. Hablar de salud mental no es un slogan: es reconocer que ahí también se juega la posibilidad de un futuro más justo para nuestro pueblo.
2) Pseudociencia y Negacionismo
Para quienes tenemos formación en ciencias de la salud, el escenario actual (de estabilización y formalización de discursos pseudocientíficos) hace apenas una década parecía absolutamente impensable.
Quiero utilizar dos situaciones puntuales de los últimos días como disparadores de una discusión de fondo, que permita construir consensos y herramientas de las que se beneficie toda la sociedad.
La primera es la convocatoria realizada por una diputada del PRO de Chaco a una mesa de discusión en el ámbito del Congreso de la Nación que se titulaba “¿Qué contienen realmente las vacunas?”. Allí se anuncian paneles que prometen argumentos conspirativos, falaces, causalistas de enfermedades complejas y otros desvaríos.
Lo preocupante no es solo el contenido, sino el marco institucional que los acoge y el modo en que quienes participan se presentan: amparados en sus títulos universitarios. En principio, como la convocatoria sigue vigente, evitaré dar más detalles. Considero que su mera promoción ya representa un acto peligroso para el bien común.
La segunda situación es el discurso pronunciado por el secretario de Salud de Estados Unidos, Kennedy, en el que intentó “demostrar” que las vacunas no cumplen ninguna función beneficiosa para la salud. Para ello realizó un supuesto análisis temporal de incidencias de diversas patologías a lo largo de la historia. Impacta la liviandad con la que asume conclusiones, la escasa rigurosidad de sus argumentos y, sobre todo, el poder simbólico del espacio desde donde habla. Utiliza gráficos y herramientas propias de la ciencia, pero solo para revestir de legitimidad algo que simplemente quería decir.
Surgen entonces varias preguntas: ¿qué tienen en particular las vacunas para ser objeto de ataques sistemáticos de grupos diversos —posiblemente inconexos— construidos sobre delirios y falacias? Si bien las vacunas son producidas por laboratorios, a veces forman parte de la conocida Big Pharma, otras veces no. En nuestro país también se fabrican en establecimientos más pequeños e incluso públicos. Aun así, el negocio de los medicamentos biológicos y de alto precio es mucho más rentable y, paradójicamente, no es el centro de las teorías conspirativas. Pero además las vacunas aprobadas dentro de los calendarios nacionales gozan de una muy robusta evidencia científica del beneficio social que producen, con un costo beneficio demostrado.
Otro aspecto preocupante es el uso de títulos universitarios (de universidades reales) y del lenguaje académico aprendido para la mercantilización en general y para la mentira pseudocientíficas. En redes sociales es frecuente ver a influencers con títulos en biología, medicina, psicología y otras disciplinas dando recetas lineales para aumentar o reducir neurotransmisores que genera felicidad o soluciones mágicas a problemas complejos. No es nueva la ilusión de respuestas simples a vidas difíciles; lo alarmante es que se utilice un título académico como aval.
¿Es éticamente aceptable que alguien, amparado en un título universitario, utilice la presunción de saber para afirmar cosas que no están reconocidas por ninguna autoridad científica seria? ¿No es eso, acaso, peligroso? ¿Qué autoridades u organismos tienen competencia para controlar esto? Pareciera que parte de la cultura impulsada en esta era, desde espacios abyectos utilizando el mote libertario, es que la responsabilidad es del estafado y no del estafador, por dejarse.
Los discursos pseudocientíficos, como el de Kennedy, sin dudas, no tienen ni los elementos, ni el rigor, ni los datos propios del ámbito académico, sin embargo lo disimulan. No tienen estadísticas válidas, comparaciones criteriosas ni metodológicas.
Otro de los mecanismos de pseudo razonamiento que arguye es realmente interesante, además de muy precario e infantil. En el ejemplo de Kennedy es muy claro, aunque está de fondo en todas estas intervenciones. Consideran a los fenómenos monocausales directos, es decir, que asumen que una enfermedad tiene una causa única y directa, que entonces si el vacunado tiene la enfermedad, entonces se demuestra que la vacuna no sirve, porque no respondió a esa expectativa única y causal. Luego sirve como argumento al revés, más vacunados, más personas con diagnóstico del espectro autista, entonces nuevamente aparece la causalidad lineal.
También preocupa la decisión del Gobierno Nacional de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, invocando una supuesta “invasión de soberanía” que no se condice con ningún hecho real ni documento oficial. Una de las consecuencias posibles de ese alejamiento es perder el acompañamiento de organismos técnicos capaces, entre otras cosas, de cuestionar estrategias antivacunas.
Hay movimientos realmente preocupantes. La decisión del Gobierno Nacional de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, invocando una supuesta “invasión de soberanía” que no se condice con ningún hecho real ni documento oficial, ni anterior ni posterior, a esa absurda y deletérea acción inconsulta del Gobierno Nacional. Pero nuevamente, pareciera que una de las consecuencias es el alejamiento de organismos técnicos capaces cuestionar, entre otras cosas, la estrategia antivacunas.
Hoy, el gobierno nacional lleva adelante una clara campaña de boicot a las políticas públicas de salud, especialmente en materia de vacunación. La falta de rectoría, inversión en comunicación, equipos técnicos, capacitaciones, vacunadores, infraestructura y el incumplimiento de la ley de inmunizaciones es realmente grave.
En reuniones de ministros, insisto, se llegó a plantear, ante especialistas en salud pública, un cambio de criterio para la compra de vacunas. Paso a explicarlo: si un año se había estimado vacunar (en base a la cohorte de determinada edad que debía vacunarse) a 500.000 personas , y solo se vacunaban 300.000, al año siguiente se comprarían únicamente 300.000 dosis.
Lo correcto, sería entender que no solamente debe vacunarse el 100% de la nueva cohorte de esa edad, sino que además hay que ir a buscar a los 200 mil no vacunados del grupo anterior.
Los porcentajes de cobertura vacunal en nuestro país caen fuertemente. Dejamos de ser el faro mundial en inmunizaciones que fuimos hace tan solo 10 años. Nuestra población está vulnerable a enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas, aumentando el riesgo y la desigualdad en salud. La posibilidad de introducción de enfermedades de otros países es cada vez mayor.
Pero es más grave aún que los organismo públicos, las redes sociales y los medios de comunicación permitan sin miramientos, o pero aún, promueven, discursos pseudocientíficos que son peligrosos, esconden negocios privados y estafas.
Nuestro sistema de salud, las universidades y las organizaciones serias de la sociedad civil debemos dar un debate profundo sobre cómo abordar este mal de época: cómo regular el uso de la ciencia para que siga siendo una herramienta de desarrollo humano sostenible y equitativo, y deje de ser utilizada con fines oscuros y antipopulares.