Jubilaciones de privilegio ¿sí o no?
Por: Claudio Omar Antunovich
El diputado Gerardo Milman (del PRO) impulsa un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio de presidentes y jueces de la Corte.
El legislador busca derogar el régimen especial vigente desde 1991. “No solo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos”, indicó.
La actual norma, sancionada en 1991, otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado los máximos cargos del Poder Ejecutivo Nacional bajo condiciones claramente privilegiadas y desconectadas de los parámetros del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El legislador sostuvo que “el sistema previsional argentino presenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI, dependiendo del año y la metodología de cálculo, sumado a la baja densidad de aportes, alta informalidad laboral y una marcada regresividad en la distribución de los beneficios. El 65% de los jubilados cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo, y las sucesivas reformas estructurales han afectado la movilidad y la previsibilidad del sistema”.
En este contexto crítico “cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva. En una Argentina empobrecida, con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, con millones de trabajadores informales sin aportes y generaciones enteras que se preguntan si alguna vez podrán jubilarse, no hay justificación alguna para que quienes detentaron el máximo poder institucional del país se retiren con beneficios millonarios”, señaló.
Por otra parte, aclaró: “No queremos eliminar el régimen especial por resentimiento, ni es un impulso de revancha, ni siquiera una mirada punitiva. Surge de una convicción ética, política e institucional. Eliminar las jubilaciones de privilegio para ex presidentes y ex vicepresidentes no solo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos, que nadie está por encima de ella, que el tiempo de los privilegios terminó y que empieza, de una vez por todas, el tiempo de la responsabilidad”.
“Con el régimen actual, al menos 13 ex presidentes y ex vicepresidentes han percibido montos que superan ampliamente los $ 6.000.000 -en valores actualizados a 2025-, lo que representa un gasto fiscal financieramente injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado”, sostuvo el legislador nacional.
Esto se desprende de un informe dado a conocer días atrás por Fernando Franquelli en Tn.com.ar, donde además se afirmó que este tema será un eje de debate en la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja.
La ley actual, para cualquier hijo de vecino, es clara y contundente: se precisan 60 años de edad en la mujer, o 65 años en el varón, y 30 años de aportes registrados.
La jubilación mínima, a partir de setiembre, será de $ 320.277.
Para vivir en Argentina, una persona soltera puede necesitar cerca de $ 500.000, si es propietaria, mientras que una familia en la misma condición podría requerir alrededor de $ 1.200.000 pesos.
Con estos parámetros, la iniciativa del diputado Gerardo Milman es de lógica absoluta, sobre todo si se tiene en cuenta la actual coyuntura donde todos los miércoles hay marchas de protesta de los jubilados en el Congreso de la Nación y en la Quinta Presidencial de Olivos reclamando mejoras en sus haberes.
Históricamente, tras cada renovación presidencial, el mandatario ganador hace un balance con quejas por la herencia recibida. ¿Por qué premiar entonces a quienes no han hecho bien las cosas cuando les tocó gobernar?
La realidad actual es discriminatoria con las personas de la tercera edad que han dejado todo en sus tiempos laborales.