Desigualdades sociales en tiempos de pandemia

La sociedad argentina sufre -como gran parte de la humanidad- el avance de una epidemia viral violenta (COVID19), de alto impacto dada la rapidez de su propagación, la ausencia de estrategias previas de prevención y la precariedad de los saberes y recursos orientados a su adecuada atención.

El avance de esta pandemia ha obligado en nuestro país -al igual que en muchos otros- a emprender políticas sanitarias preventivas de aislamiento social forzado, con efectos regresivos “no deseados” en materia socioeconómica.

Las decisiones de gobierno adoptadas tienen como supuesto una predicción acerca del crecimiento geométrico de la epidemia y de su letalidad, ante lo cual la mejor estrategia posible, hasta tanto no se encuentre cura, sería dilatar la propagación de la enfermedad para que el sistema de salud pueda absorber la demanda de atención médica.

En este contexto, le corresponde a las ciencias sociales y a los sanitaristas preguntarse sobre la plausibilidad de los supuestos, la pertinencia de las medidas, su alcance e impacto, los costos presentes y futuros de las decisiones adoptadas. Esto no para negar la epidemia en contexto de crisis, sino para calibrar adecuadamente su alcance y perspectivas de evolución, así como los efectos sociales de las intervenciones que se llevan a cabo; en función, ni más ni menos, de contribuir a establecer las mejores políticas que permitan organizar tanto el presente como el futuro de nuestra sociedad, atendiendo a su presente crítico tanto como a las necesidades del día después. No es un antecedente de poca importancia que esta epidemia y las medidas convocadas tienen lugar, en el caso argentino, bajo un contexto de estanflación, crisis de deuda y parálisis económica estructural, a lo que cabe sumar la fuerte vigencia de una grieta político-ideológica estéril acerca de la “ontología” de los problemas que enfrenta la sociedad.

En este marco, la actual emergencia sanitaria pone en estado de crisis agravada a un sistema socioeconómico desigual, estructuralmente empobrecido, no desde ahora sino desde hace décadas. El nuevo escenario paraliza aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que diluye toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social.

Si la situación social ya era “delicada” a finales de 2019, es de esperar que todo se agrave aún más en los próximos meses. Incluso, el pobre debate político-metodológico sobre si la pobreza por ingresos era a finales de ese año del 35% (INDEC) o del 40% (ODSA-UCA), resulta a esta altura de los acontecimientos por demás desactualizado y distractivo.

En el actual contexto, las condiciones de vida, tanto los sectores medios bajos como del sector informal de la economía social, se deterioran aún más, y con ello, no sólo hay más nuevos pobres, sino que los pobres estructurales son más pobres.

Ojalá que el drama sanitario permita superar infundadas diferencias ideológicas que pesan sobre los problemas estructurales de la sociedad. Entre ellos, cabe aquí llamar la atención sobre el desigual modo en que los sectores sociales pueden enfrentar los problemas de la vida cotidiana, asimilar sus consecuencias sanitarias y proyectar su futuro en contexto de pandemia.

Y esto no sólo porque los accidentes, el dengue, la influenza y otras múltiples infecciones que golpean especialmente a la pobreza -sin todavía una adecuada atención del sistema 2 de salud pública-, siguen siendo las principales causas de muerte evitable en nuestro país, sino porque la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria golpea directamente a las poblaciones más vulnerables, a los segmentos de la pequeña y mediana empresa, a la economía informal y a los trabajadores precarios; es decir,, a esa gran parte de la sociedad que no recibe un sueldo regular ni una renta ni tiene un fondo de reserva con el cual hacer frente a la falta de trabajo que genera la emergencia sanitaria. A ellos han estado dirigidas las medidas económicas de emergencia del gobierno: ingresos monetarios para hogares de menores recursos, trabajadores informales y jubilados de más bajos ingresos; promoción de la asistencia a empresas para el pago de salarios; suspensión o rebaja de contribuciones patronales; regulación del comercio de productos de la canasta básica y control de precios; ampliación de la asistencia a comedores sociales y del presupuesto para la obra pública; y relanzamiento de los planes de créditos para vivienda Procrear. La mayor parte de estas medidas implican mayores erogaciones fiscales (en línea con lo decidido por muchos países, aunque con rasgos más modestos en el caso local). Todas ellas buscan reducir los efectos de una acumulación de crisis sociales. Sin duda, la situación social sería peor sin esas transferencias, pero nada que implique a través de ellas habrá de cambiar el presente ni el futuro de los sectores más vulnerables a la actual acumulación de crisis.

Las privaciones estructurales que afectan a más de un tercio de la población no son nuevas. En este caso, a los efectos sanitarios y económicos regresivos que genera la pandemia se suman déficits estructurales: el hacinamiento, la degradación residencial, la falta de servicios públicos sanitarios (agua, cloacas, etc.), la mal nutrición persistente, la insuficiencia de los servicios de educación y de salud, la fragilidad de los capitales sociales en juego, la ausencia de información valiosa, el mayor riego a sufrir de ansiedad y estrés, la violencia social intrafamiliar a flor de piel.

En fin, no sólo estamos ante una epidémica sanitaria, también tiene lugar una nueva ola de pobreza estructural que golpea especialmente la vida cotidiana de los sectores socialmente más frágiles. En estos contextos la cuarentena es dramática para muchísimas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, sea por la soledad o por los peligros de una convivencia forzada. A lo que cabe sumar la objetiva imposibilidad de contar con condiciones que se suponen necesarias para cumplir con los cuidados sanitarios.

En este marco, el aislamiento social tiende a profundizar efectos de exclusión para los cuales no ha habido antes ni hay ahora efectivas políticas de inclusión social; pero con el agravante que en el día después de la cuarentena, también la economía formal y los sectores productivos más dinámicos estarán más debilitados para motorizar la necesaria reactivación.

Con el fin de comprender mejor el estado de situación actual, se presenta a continuación una selección de indicadores estadísticos sobre privaciones sociales precedentes a la actual crisis. Se trata de datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, correspondientes al segundo semestre de 2019. Esta información es analizada según la estratificación socio-ocupacional de los hogares, a partir de la inserción del principal sostén económico.

La información da cuenta, no sólo de déficits estructurales, sino también de desigualdades persistentes en una Argentina en donde continuar con la actual parálisis política implica profundizar la histórica crisis económica y social. Es posible superar el dilema salud versus economía siempre y cuando pongamos en funcionamiento un marco de nuevas instituciones a partir de las cuales se definan políticas de Estado -en materia de desarrollo humano, social y ambiental sustentablescon base en un estratégico pacto social redistributivo. En este marco, el acuerdo y la convivencia política constituyen una condición al menos necesaria.

 

CAPACIDADES ECONOMICAS AGRAVADAS EN LOS HOGARES MAS VULNERABLES

En la última parte del año 2019 (período julio-octubre), según información proveniente de la serie EDSA/ODSA se estimaba que el 8,9% de la población urbana era indigente. Se trataba, al momento, de los valores más altos de la década. Adicionalmente, a través de los resultados provenientes de la fuente mencionada, se estimó que el 40,8% de las personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Este último valor representó un incremento de alrededor de 7 puntos porcentuales con respecto a las tasas verificadas en el mismo período de 2018 y de 12 puntos con respecto al 2017. Las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajuste acordadas con el FMI explican el deterioro en las estimaciones de indigencia y pobreza por ingresos en el período 2017-2019.

En ese contexto, la evolución de los ingresos laborales y no laborales de los hogares de sectores medios bajos quedó por debajo de los aumentos en los precios de bienes y servicios de consumo básico, lo cual explicó el fuerte aumento de la pobreza ocurrido en los años 2018 y 2019. En este contexto agravado, montado sobre desigualdades y pobrezas estructurales persistentes, es que tienen lugar las consecuencias sociales regresivas que generan las políticas sanitarias de aislamiento preventivo y obligatorio motivadas por la pandemia del COVID19.

El retroceso laboral por pérdida o deterioro de los empleos y la imposibilidad de compensarlos con trabajos alternativos, así como también los fuertes procesos inflacionarios, son factores relevantes para la comprensión tanto del aumento de la tasa de indigencia como de la pobreza en los años 2018 y 2019.

Considerando que, en situaciones de crisis, la caída en el poder de compra de los ingresos suele tener lugar en particular en aquellos hogares pertenecientes a los estratos más bajos de la distribución, los efectos regresivos en términos de desigualdad económica se hacen evidentes. La insuficiencia de ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria (tasa de indigencia) se encuentra fuertemente asociada al estrato socio-ocupacional del principal sostén del hogar.

En la segunda parte del 2019, la indigencia por ingresos fue más elevada en las unidades domésticas cuyo principal sostén pertenece a la clase trabajadora marginal: al interior de este grupo, el 18,1% de hogares se encontraba en situación de indigencia (representando al 22,1% de la población del estrato). En el extremo opuesto, la tasa de indigencia es casi inexistente entre los hogares pertenecientes al estrato medio profesional. De manera similar, la tasa de pobreza se encuentra fuertemente asociada al estrato socio-ocupacional del principal sostén del hogar.

La pobreza por ingresos es más elevada en las unidades domésticas cuyo principal sostén pertenece a la clase trabajadora marginal, alcanzando en dicho grupo al 56,8% de los hogares y al 66,4% de la población. Cabe destacar que al interior de la clase obrera integrada, la incidencia de la pobreza por ingresos es también superior al promedio: en este estrato se evidencia un 44,3% de hogares pobres y un 51,8% de pobreza en términos de población. En el extremo opuesto, la pobreza es casi inexistente en los hogares correspondientes a la clase media profesional.

La propia evaluación de los actores sociales acerca de sus capacidades de consumo constituye una dimensión y una vía relevante para el examen de las condiciones de vida de los hogares. De la misma manera que las tasas de indigencia y pobreza por ingresos, la insuficiencia de ingresos evaluada a través de la auto percepción de los hogares (pobreza subjetiva) experimentó también una tendencia regresiva en los años 2018 y 2019. Según datos del ODSA-UCA, a fines del 2019 la proporción de hogares que declaraban que sus ingresos no alcanzaban para hacer frente a sus consumos habituales alcanzaba al 52,3%. En lo que respecta a las desigualdades al interior de la estratificación social, la información revela mayores niveles de pobreza subjetiva entre los hogares del estrato trabajador marginal, entre los cuales, en 2019, tres cuartas partes de los hogares declaraban que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos básicos.

Si bien la pobreza subjetiva era algo menos intensa entre los hogares de clase obrera integrada, en comparación al estrato anterior, se evidencia que alrededor de 6 de cada 10 de estos hogares tenían en 2019 insuficiencia de ingresos según su auto percepción.

El contexto de pandemia y su correlato de autoaislamiento obligatorio afecta más intensamente a los sectores que vienen, desde hace ya varias generaciones, en condiciones de pobreza estructural y persistente. Aquellos/as vinculados a un mercado de trabajo precario, informal, asociado a la realización de changas, venta ambulante, servicios personales y servicio doméstico, entre otros; en los cuales se vive al día y por supuesto sin actividad laboral en tiempos de pandemia. A las tendencias ya señaladas anteriormente de desigualdades persistentes en las capacidades monetarias de los hogares, debido a problemáticas estructurales del mercado de trabajo y procesos inflacionarios, se suman las “extraordinarias” del actual escenario de emergencia sanitaria, aislamiento obligatorio y crítica actividad económica y laboral.

En este contexto, se destacan las actuales políticas económicas implementadas por el Gobierno -y aquellas que puedan venir a futuro- que tengan como fin atenuar los efectos altamente nocivos de este escenario sobre los sectores más vulnerables, entendiendo que son necesarios, pero insuficientes, para hacer frente a las desigualdades estructurales existentes.

 

INEQUIDAD EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HOGARES EN EL CONTEXTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

La pobreza estructural y los altos niveles de desigualdad social constituyen características destacadas de la estructura social argentina en las últimas décadas. Estas no se manifiestan solamente a partir de la insuficiencia ni de desigualdades en los ingresos, sino que atraviesan múltiples dimensiones de las condiciones de vida de los hogares y la población, afectando seriamente los recursos y capacidades de las personas para acceder a funcionamientos que aseguren su bienestar. En el contexto de la pandemia COVID19 y del aislamiento social preventivo obligatorio, aquellas privaciones y desigualdades asumen otra dimensión al constituirse como desventajas aún mayores en un contexto de crisis económica y de riesgo sanitario, mientras que por una parte la parálisis económica pone a prueba las distintas políticas asistenciales, por otra las condiciones estructurales imponen límites a las medidas preventivas de contagio.

En esta sección se presentan datos correspondientes a indicadores relativos al acceso a la alimentación y la salud, servicios domiciliarios y a una vivienda digna. El acceso a la alimentación y a la salud conforman aspectos centrales en la definición de las condiciones de vida, su privación constituye una expresión destacada del carácter estructural que asume la pobreza. En este sentido para 2019, un 7,4% de los hogares se encontraba en situación de inseguridad alimentaria severa, resultando afectado el 16% de los hogares del estrato marginal y el 8% del estrato obrero integrado.

En relación con el acceso a la salud se registra que los hogares que sin tener cobertura de salud no pudo acceder a atención médica alcanzaba al 21% de los hogares, mientras que los que no pudieron comprar medicamentos por motivos económicos representaban el 19% de los hogares. Aquí también se observan importantes brechas, en las que el déficit expresa valores cercanos al 40% en los estratos marginales, aproximadamente a 1 de cada 4 hogares en estratos obreros integrados y valores cercanos al 10% entre los estratos medios no profesionales.

Los servicios de saneamiento contribuyen a sostener las condiciones de higiene para la vivienda y sus moradores. Más allá de los múltiples beneficios para la salud que implica el acceso a estos servicios, en el contexto actual, contar con conexión a red 6 de agua corriente y red cloacal es importante para asegurar el lavado de manos, de objetos y superficies de la vivienda, como así también la adecuada eliminación de excretas. Observamos que para el año 2019 el 10% de los hogares urbanos de la Argentina no contaba con conexión a red de agua corriente, al mismo tiempo casi 3 de cada 10 habitaba viviendas sin conexión a red cloacal. El déficit alcanza niveles mucho más elevados en los estratos marginales, entre estos el 17% no tenía acceso a la red de agua corriente, mientras que el 42% residía en viviendas sin conexión a red cloacal.

Los servicios tecnológicos, particularmente los asociados a la conectividad juegan un rol central para la comunicación, al acceso a la información, la cultura y la participación en múltiples redes, este aspecto cobra aún mayor importancia en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Para el año 2019, según los datos de la Encuesta de la Deuda Social, el 13% de los hogares no accedía a ningún tipo de conexión a internet, ya sea fija en la vivienda o a través de dispositivos móviles. Esta cifra alcanzaba al 23% de los hogares de los estratos marginales.

Además de que por sí mismo el acceso a la vivienda constituye un derecho, los distintos aspectos asociados a esta juegan un rol central en las condiciones de vida.

En el contexto de las medidas actuales este elemento estructural juega un rol central dadas las dificultades que presenta respetar el aislamiento obligatorio en condiciones de hacinamiento o en viviendas de materiales precarios. Para 2019 el 7 14% de los hogares residían en viviendas precarias (el 30% del estrato trabajador marginal), cerca del 8% en viviendas en condiciones de hacinamiento (14% de los hogares de estrato trabajador marginal y 10% del estrato obrero integrado), mientras que el 9% de los hogares presentaba déficit en el servicio sanitario (20% del estrato trabajador marginal y 10% del estrato obrero integrado).

 

SE PROFUNDIZAN LAS DIFERENCIAS E INEQUIDADES LABORALES

La Encuesta de la Deuda Social Argentina, a finales del año 2019, estimaba que casi seis de cada diez personas económicamente activas no tenían un empleo de calidad (desarrollaban trabajos sin aportes a la seguridad social o estaban desocupados). Sin embargo, es posible identificar una gran disparidad según el estrato ocupacional del hogar, la proporción de estos trabajadores en el estrato de hogares medio profesional es solo del 22,8% mientras que en el estrato de trabajador marginal alcanza el 88,2%. Las crisis laborales estructurales y persistentes generan un elevado porcentaje de trabajadores en situación laboral marginal.

En 2019, uno de cada tras trabajadores no aportaban a la seguridad social y tenían bajos ingresos, eran beneficiarios de programas de empleo, desocupados no calificados o desalentados no calificados. Se observa una marcada diferencia según el estrato ocupacional del hogar, el 64,4% de los trabajadores de hogares del estrato trabajador marginal son trabajadores marginales mientras que solo lo son el 9,2% de los del estrato de hogar medio profesional.

Un rasgo típico de los mercados de trabajo precarizados es la facilidad con que un trabajador pasa de periodos de ocupación a otros de desocupación. En 2019, casi uno de cada tres trabajadores económicamente activos estuvo desocupado por lo menos una vez en el último año.

Esta proporción se incrementa al 46,7% en los trabajadores de hogares de estrato trabajador marginal y es solo del 10,6% si pertenece al estrato medio profesional. En tiempos de pandemia las desigualdades se resignifican y originan posibles impedimentos.

El poseer una cuenta de banco con acceso a Internet puede convertirse en una herramienta valiosa frente la complejidad de trasladarse físicamente. La falta de acceso frecuente a Internet complejiza la situación de los trabajadores ante la limitación de los movimientos y, en el caso de poder realizarlo, limitaría fuertemente la posibilidad de desarrollar tareas desde su hogar.

La EDSA estima que en 2019 un 16% de los ocupados no accedió a Internet en los últimos tres meses. Las diferencias de acceso son muy dispares, si el ocupado pertenece a un hogar del estrato de trabajador marginal la carencia de acceso se incrementa al 33,6% y si es del estrato medio profesional se reduce al 2,8%. Ante las recomendaciones de limitar al máximo las salidas en los tiempos de pandemia resulta de gran importancia acceder a la cuenta de banco por Internet. Esto facilitaría el pago de impuestos y servicios, las transferencias de fondos a algún familiar o conocido que lo necesite, la realización de operaciones e inversiones bancarias…

El 27,8% de los ocupados no accedió en los últimos tres meses a la cuenta de banco por Internet. No obstante, un 14,4% de los trabajadores de hogares del sector medio profesional no suelen acceder a su cuenta de banco por Internet mientras que la escasa utilización de este recurso se amplía al 38,9% de los residentes en hogares del estrato trabajador marginal.

 

SE PROFUNDIZAN LAS DESIGUALDADES PSICOSOCIALES Y DE SALUD

La Encuesta de la Deuda Social Argentina incorpora indicadores que no solo indagan la atención y el estado de la salud, sino también los recursos y habilidades cognitivas y afectivas. La situación previa a la emergencia sanitaria por el COVID-19, da cuenta de una porción considerada de la población adulta enferma y con alta sintomatología ansiosa y depresiva.

En tanto la sombra sobre un colapso en los efectores públicos de atención de la salud recae a la hora de confrontar una pandemia en la Argentina. A lo largo de la última década los informes del ODSA vienen observando una persistente desigualdad estructural, estimando que en el año 2019 el 16% de la población urbana de 18 años y más decía tener bastantes problemas de salud o padecer enfermedades graves o crónicas, en tanto que el 23% describía alta sintomatología ansiosa y depresiva. Si bien, se estima que 3 de cada 10 adultos asistieron a una salita u hospital para atenderse en su última consulta médica.

La condición de la salud física y mental, así como la utilización de centros médicos asistenciales públicos observa perfiles desiguales con mayores déficits en los estratos ocupacionales con mayor precariedad laboral, social y educativa, siendo la proporción de los que dicen estar enfermos y con malestar psicológico mucho más elevada en el estrato trabajador marginal que en el medio profesional: 10% vs 27%; 9 14% vs 33%, respectivamente.

Así también, la desigualdad en la utilización de efectores públicos de salud como salitas de primeros auxilios y hospitales, vuelve a ser una brecha más que distante entre los que se incluyen en un estrato medio profesional (3%) y los que pertenecen al grupo trabajador marginal (60%).

Los recursos psicológicos y la contención social adquieren un protagonismo frente a una situación de aislamiento por emergencia sanitaria. No tener estrategias de afrontamiento adecuadas frente a la pandemia, así como sostener un sistema de creencias que supone estar a merced del destino, remitirá en la dificultad para transitar un evento altamente estresante y dinámico. Los indicadores dan cuenta de que las habilidades sociocognitivas y socioafectivas en los estratos socio ocupacionales más vulnerables se observan con altas carencias.

Se sostiene una marcada diferencia según el estrato ocupacional del hogar, así cuatro de cada diez adultos de hogares del estrato trabajador marginal poseen un perfil de locus de control externo y menciona no tener red social de contención o soporte (familia o amigos), mientras que solo se evidencia en uno de cada diez del estrato de hogar medio profesional. Suceden similares brechas en la forma evitativa o pasiva de afrontar la adversidad, considerando al 14% de los individuos que se incluyen dentro del grupo medio profesional y duplicándose al 33% en los que componen el grupo trabajador marginal del estrato ocupacional del hogar. (1) Porcentaje de personas que afirmaron no tener amigos y/o familiares cercanos como red de contención social. (2) Porcentaje de personas que considera que las acciones personales no son eficaces para modificar positivamente el entorno, que están a merced del destino y que sus conductas son exteriormente dirigidas. (3) Porcentaje de personas que revelaron un predominio de estrategias evitativas o pasivas de afrontamiento al estrés. (4) Porcentaje de personas que dicen tener bastantes problemas de salud, padecer enfermedades crónicas o graves. (5) Porcentaje de personas que dijeron haber utilizado el servicio de atención médico público en la última atención médica realizada.

 

SE PROFUNDIZAN LAS INEQUIDADES SOCIALES EN LAS INFANCIAS

La Encuesta de la Deuda Social Argentina, a finales del año 2019, estimaba que dos de cada diez niños/as entre 0 y 17 años, vivía en condiciones de hacinamiento, y una proporción similar compartía cama o colchón para dormir.

Sin embargo, a través de estos dos indicadores es posible advertir fuertes disparidades sociales muy regresivas para los hijos/as de los trabajadores marginales e incluso obreros integrados. Entre los primeros la probabilidad de vivir hacinados trepas al 33% y compartir cama o colchón a casi un 30%.

Ambos indicadores evidencian las dificultades de tipo estructurales que experimentan las infancias más pobres del país para mantener la “distancia social” que se requiere en estos tiempos para ejercer el derecho a la salud. Lógicamente, esta situación vulnera otros tantos derechos de los niños/as como el de tener un descanso adecuado y reparador.

No hay escapatoria al hacinamiento en tiempo de pandemia y probablemente sea disparador de muchas circunstancias no deseadas en términos de la salud biopsicosocial de las infancias. Cumplir con las pautas básicas de higiene también se constituye en unas de las más injustas inequidades sociales. Cuatro de cada diez niño/as y adolescentes en la Argentina urbana no accede a servicios de saneamiento adecuados (red de agua y/o red de cloacas).

Sin embargo, los hijos/as de los trabajadores marginales registran casi 13 veces más chances que les suceda que a pares hijo/a del estrato medio profesional. El cuidado de la salud de las infancias en tiempo de pandemia registra desiguales probabilidades de ser preservada en el espacio del hábitat de vida familiar, pero también ante la eventualidad de requerir atención sanitaria.

En efecto, más de la mitad de la infancia depende del servicio de atención pública de la salud (55,8%), pero esta situación trepa 79% de los hijo/as de los trabajadores marginales y casi al 60% de los hijos/as de los obreros integrados. El nivel de demanda que eventualmente podría tener el sector estatal de salud sería muy elevado. El déficit de control de salud del niño/a sano, independientemente del tipo de cobertura de salud, también registra desigualdades sociales profundas.

Un niño/a en el estrato trabajador marginal tiene el doble de probabilidad de no haber asistido a un centro de salud que pares en el estrato medio profesional (22,6% y 10,1%, respectivamente). El déficit de acceso a la información en la infancia y adolescencia en tiempos de pandemia adquiere una relevancia mayúscula y especialmente en términos de desigualdad social. Hoy muchos niños/as y adolescentes acceden a la educación a través de una PC con conexión a internet en casa.

Los más aventajados de la sociedad tienen clases casi regularmente a través de plataformas donde se encuentran con sus docentes y compañeros de clase. Otras infancias transitan por situaciones intermedias en las que realizan actividades en casa pero que también requiere de estos recursos tecnológicos y servicios de conexión. Pero una parte muy relevante de esta población no tiene PC en casa ni conexión adecuada para sostener este proceso de formación en su casa, 48,7% no tiene PC y 47,1% no tiene acceso a servicio de internet.

Lógicamente, en alguna proporción puede que tengan acceso a un celular o Tablet, y datos de celular. Sin embargo, es fácil advertir que contar con un celular con datos acotados en casa en tiempos de pandemia no se constituye en un recurso adecuado para continuar con el proceso de formación escolar. Lo cierto es que se estima que casi 7 de cada 10 niño/as en el estrato trabajador marginal no accede a este tipo de recursos en su hogar, la mitad está en esta misma situación en el estrato obrero integrado, mientras que en el estrato medio profesional se trata de privaciones exiguas. Los niños/as en situación de pobreza en edad escolar, en tiempos de pandemia, tienen serias dificultades para continuar con su formación escolar, y probablemente la mayoría de ellos se encuentra en un medio ambiente insalubre desde múltiples aristas no visibles pero que se infieren consecuencia del hacinamiento, y falta de servicios públicos.

 

PROBLEMAS DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONTEXTOS DE AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y EMERGENCIA

Como se viene señalando a lo largo del informe el aislamiento obligatorio requiere de un espacio habitacional adecuado. La vivienda no es un problema específico o característico de las personas mayores, sin embargo, adquiere relevancia en el contexto actual fundamentalmente en los sectores más vulnerables.

Asimismo, se ha señalado que el grupo de 60 años y más presenta co-morbilidades mayores a las de la población más joven. Se presenta a continuación información relevante en dos aspectos particulares de las personas mayores: la primera refiere a aspectos socioafectivos y la segunda a la situación concreta vinculada al cobro de la jubilación y la necesidad de dinero en efectivo. Las personas en general y las personas mayores en particular pueden necesitar de ayuda para las tareas cotidianas y más aún en contextos de aislamiento. Resulta pertinente entonces analizar con qué apoyos sociales cuentan para atravesar este proceso. Si bien es menor al 10% el porcentaje de personas mayores que no cuentan con un familiar cercano, al menos 1 de cada 3 mayores declara que no cuenta con ninguna persona que le ayude con las tareas cotidianas cuando así lo precisa. Además, un 15,3% de las personas mayores declara que se siente sola y también el sentimiento de soledad es mayor entre los y las mayores de hogares más vulnerables.

Este aspecto es de fundamental importancia no sólo por la asistencia instrumental requerida sino, por la satisfacción de necesidades afectivas fundamentalmente en los hogares unipersonales. Los siguientes indicadores refieren a la problemática que reviste el cobro de haberes jubilatorios en contexto de aislamiento social obligatorio. Al respecto se destaca que el 45,9% de los y las mayores de 60 años que perciben jubilación y/o pensión no utilizan el cajero electrónico y cobran por ventanilla (independientemente de que tengan tarjeta o no).

Ese porcentaje aumenta al 67,4% en los sectores más vulnerables. Vale decir que en condiciones normales casi la mitad de los y las jubiladas de las áreas urbanas del país se movilizan mensualmente hacia el banco de referencia para el cobro de haberes.

Un porcentaje algo menor (36,9%) no usa tarjeta de crédito ni débito en sus compras. Lo cual indica la necesidad periódica de efectivo para al menos 1 de cada 3 mayores en general y casi 2 de cada 3 en los sectores más vulnerables. En este marco vale señalar la particular situación de las personas mayores en el actual contexto apuntando fundamentalmente a la necesidad de mayores apoyos instrumentales pero también afectivos, fundamentalmente en aquellos mayores que viven solos.

 

ACERCA DE PARA TODOS

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Editor:  Claudio Omar Antunovich


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