Prevención, violencia institucionalizada y delitos juveniles
Escribe: Dr. Prof. Carlos Victor Zalazar Suárez
A lo largo y ancho del país existe la percepción social de que los problemas psicosociales de los jóvenes son crecientes. Sexo, violencia y drogas… se repite como un estribillo para indicar que los jóvenes particularmente se exponen a prácticas inadecuadas y riesgosas; que cada vez es más frecuente el consumo de drogas (iniciándose a edades más tempranas la experimentación) y que, en general, los estilos de vida se han deteriorado, poniendo en riesgo la salud y la convivencia armoniosa, no sólo de los jóvenes entre sí, sino de la comunidad entera trasciendiendo en percepciones comunitarias de inseguridad y falta de solidaridad cada vez más alarmantes.
En materia de prevención, la escuela tiene un papel esencial. Sin duda que esta participación es reconocida por todos, pues es opinión generalizada que la prevención es educación, en el sentido de adquirir las competencias de protección necesarias, es decir, desarrollar las actitudes y habilidades requeridas para enfrentar con éxito los riesgos, y salir fortalecidos de las experiencias críticas frente a los eventos que pueden iniciar una carrera adictiva, un trastorno emocional o una conducta antisocial.
Que esta participación sea explícita o no es un asunto que reviste la mayor importancia, pues algunas veces las autoridades educativas y los mentores, con criterios generalmente aceptables de cumplimiento de programas siguen éstos al pie de la letra en los aspectos de aprendizaje formal (cognoscitivo), y no siempre enfocan los aspectos formativos de actitudes y habilidades emocionales de los alumnos. Por ello, interesados en el desarrollo de la prevención señalamos la necesidad de fomentar que las escuelas constituyan consejos de vinculación, con la representación de los diferentes actores sociales que proporcionen elementos a los estudiantes para enfrentar exitosamente los riesgos psicosociales, promoviendo la mejora personal continua, ya que a partir de ese mandato se promovería la formación de redes comunitarias que podrían encargarse de cumplir objetivos de prevención.
La participación comunitaria se ve autorizada y reconocida su intervención como uno de los pilares de la prevención, facilitando que la sociedad se involucre a en el quehacer educativo, para propiciar la corresponsabilidad en el desarrollo de los jóvenes, en la protección de los entornos escolares y en propiciar un ambiente adecuado para impulsar la educación de buena calidad, tolerante y para la paz.
La educación se entiende así como una responsabilidad de todos y primordial fomentarla en ambientes protegidos, destacando la prevención su carácter de contribuyente a la calidad educativa, pues cada vez es más claro que una educación de calidad tiene que disponer de los elementos propiciadores para la adquisición de habilidades protectoras ante los riesgos psicosociales. Los nexos entre la escuela y la comunidad, con un propósito preventivo de los riesgos psicosociales y particularmente la recomposiciòn de la convivencia escolar, pueden y deben llevarse a cabo en una gran diversidad de formas.
La existencia misma de la escuela fortalece el mejor desenvolvimiento de la comunidad, pues es generadora del desarrollo y la mejoría de la integración social, en un sentido general. La escuela debe enfrentar el reto de estructurar la mediación y la atención a los problemas de violencia, conflicto y agresividad, teniendo en cuenta las potencialidades y desventajas que ofrece el contexto local.
La escuela, debe ser entendida como comunidad de aprendizaje, en la que la participación, la calidad, la cooperacion, la inclusividad y la colaboración se adoptan como principios organizadores de la vida institucional. Evidentemente, que es de beneficio mutuo enriquecer los vínculos positivos de la escuela y la comunidad para ofrecer alternativas de solución hoy más que nunca. Los planes de acción preventivos, basados en la participación comunitaria, promueven esta colaboración y se facilitan cuando se abordan con un modelo que permite su conducción, al prescribir modos y procedimientos debidamente estructurados, de manera que se pueda hacer un diagnóstico adecuado de la situación local y una evaluación eficaz que permita saber el grado de avance logrado con la intervención preventiva.
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