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Informe especial


Los indocumentados en Argentina. La cara invisible de la pobreza


Según el informe “Los indocumentados en Argentina. La cara invisible de la pobreza” elaborado por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la ONG Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp), se estima que en la Argentina urbana de 2011; 1,4% de los niños y niñas argentinos entre 0 y 17 años carece de DNI (unos 168.000 chicos).

La situación más crítica se encuentra en el grupo de los niños de 0 a 4 años, donde 2,3% no cuenta con DNI. Una carencia que los convierte en ciudadanos de “segunda” con dificultad para educarse, para trabajar o para atenderse en un médico.

“Fui alguien por primera vez... a todo el que venía le decía ‘mirá el documento’... es algo que me había costado mucho y lo pude tener... es una alegría muy grande, porque que te digan que no tenés documento, que no existís, que sos un NN, es muy triste, muy doloroso” cuenta Mabel, una mujer adulta que recién obtuvo su primer DNI a los 38 años.

El primer paso para poder obtener el documento nacional de identidad es el registro del nacimiento del niño. A nivel regional, según datos de UNICEF, en 2011 10% de los nacimientos de niños y niñas menores de 5 años no eran registrados en América Latina. De acuerdo a la legislación argentina, la inscripción del nacimiento debe realizarse dentro de los cuarenta días posteriores al nacimiento ante los Registros Civiles de las distintas jurisdicciones. Allí se les asigna un número único de identificación de cada persona, que figura en cada acta de nacimiento y que será el de su documento de identidad. Pasados los 40 días del recién nacido, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres pueden realizarla hasta los 12 años de edad del niño/a, con dos testigos que acrediten el vínculo, una vez vencido ese plazo, es únicamente un juez quien debe autorizar dicha inscripción.

Este trámite judicial se realiza con la intervención de un abogado y debe iniciarse ante la Justicia Civil (Tribunales de Familia) competente. En muchas ocasiones los ámbitos judiciales donde se inician las causas de personas indocumentadas se encuentran desbordados por la multiplicidad de causas y demandas que deben atender, como casos de alimentos, violencia, etc. Por lo tanto, quienes inician el largo y burocrático juicio de inscripción y no cuentan con el asesoramiento necesario, se encuentran con trabas en el proceso judicial, lo que conlleva a que muchos desistan y abandonen el juicio antes de su finalización.

Mabel, una de las personas entrevistadas por el estudio de la UCA y el Iadepp, no fue inscripta al nacer y tampoco realizó este trámite con sus hijos. Según relata: “Mi marido es muy quedado, y es analfabeto... Fuimos a San Isidro a anotarla a ella y a él cuando le cierran una puerta, ya se rinde... no es de golpear puertas (...) fuimos con el papá a anotarla con el papelito que me habían dado en la maternidad y me decía 'no, venga mañana, ya es tarde’.

Ibamos al otro día, iba ya yo sola porque él no podía faltar al trabajo, y me decían 'no, señora tiene que venir la semana que viene’ y así nos tuvieron y bueno... fui con él de vuelta la otra semana y me dice 'señora fue ayer... ' y después el padre es una persona que se rindió y no quiso ir más...”.

Además de estas barreras administrativas, otro de los motivos que llevan a los padres a no inscribir a sus hijos son los costos de desplazamiento, el tiempo y la planificación que el trámite requiere. En el caso de Mónica, ir a anotar a sus hijos significaba un ‘día perdido’ en su trabajo, ya que no podía dejar de trabajar por un día para ir a anotar a sus hijos. “Yo siempre tenía la prioridad de trabajar primero y después los trámites, porque yo estaba sola y si no trabajaba (yo trabajaba en casa de familia) si no trabajaba, ellos no comían...”

Los indocumentados en Argentina forman parte de una población que se encuentra excluida del resto de la sociedad y que vive en un contexto diario de discriminación. El hecho de carecer de todo tipo de identidad legal significa que esas personas no existen para el Estado, situación que agrava y perpetúa las condiciones de pobreza y precariedad.

De hecho, son los niños de los estratos sociales más bajos quienes tienen mayores probabilidades de no tener DNI: un niño del estrato más bajo tiene 2,5 veces más posibilidades de no tener DNI que un par en el estrato medio alto. Asimismo, tomando como parámetro el lugar de residencia, quienes viven en villas o asentamientos urbanos tienen mayores probabilidades de carecer de DNI en relación a sus pares de áreas de urbanización formal (2,2% frente a 1%). Al analizar los datos según el tipo de hogar, los niños que viven en hogares monoparentales y cuyas madres no han terminado la escuela secundaria registran más posibilidades de no tener documento.

Como destaca el informe de la UCA y Iadepp, la carencia de DNI vulnera el derecho a la identidad, reconocido expresamente en varios instrumentos jurídicos, como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2006. Esta norma, a su vez recoge elementos de la Convención internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989 y de la cual Argentina es Estado parte. La inscripción adecuada y oportuna de los nacimientos, cuya magnitud y repercusión para la vida futura de las personas es muchas veces ignorada, es de vital importancia para que luego se puedan cumplir otros derechos reconocidos en el marco normativo.


¿Cómo es que el derecho a la identidad afecta a otros derechos básicos?


Sin DNI hay derechos vulnerados en:


- La identidad. La carencia de DNI vulnera el derecho a la identidad, reconocido en varias normas, como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2006 y que recoge elementos de la Convención internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989 y de la cual Argentina es Estado parte.


- El Acceso a la escuela. Los niños de entre 5 y 17 años registran una mayor propensión a la no asistencia escolar: la posibilidad de no asistir a la escuela siendo indocumentado es de casi 4 veces. 3,5% de los niños y niñas argentinos no tiene DNI y no asiste a un centro educativo, mientras que esta proporción se reduce al 0,9% entre los niños que no tienen DNI pero que sí asisten.


- La Educación superior. La ausencia de DNI dificulta la obtención del certificado que acredite la finalización de estos estudios, requisito indispensable para seguir en el trayecto educativo o integrarse de un modo regular al mercado de trabajo. Lo ilustra el caso de Juliana, una joven de 21 años que sueña con ser farmacéutica pero carecer de DNI le impide continuar con sus estudios. “Yo quiero terminar el estudio, es lo que más quiero... y recibirme de farmacéutica, pero me anoté al colegio y me dijeron que no. Llevé el de mi mamá y me dijeron que no, que soy grande y tengo que llevar mi DNI, todos te dan vuelta la cara...”.


- El acceso a la Salud. Sin DNI también es más difícil acceder a la salud. Un indocumentado no puede acceder al sistema privado ni a beneficios de la obra social de los padres. La asistencia pública sanitaria se limita a las urgencias. Se estima que 2,4% de los niños/as argentinos menores de 18 años es indocumentado y registra déficit en la atención de su salud: no tiene cobertura y lleva más de un año sin control médico.


- El Empleo regular. El DNI contribuye a que los niños estén protegidos por las leyes de edad mínima de empleo. Los niños/as indocumentados argentinos de entre 5 y 17 años registran mayores probabilidades de realizar algún tipo de trabajo, ya sea doméstico intensivo y/o económico. Las chances de trabajar aumentan a 2,5 veces entre los indocumentados. Carecer de documento es un obstáculo para el futuro laboral, ya que impide a los personas insertarse como trabajadores en el sistema formal, quedando sus oportunidades reducidas al mercado informal, temporal e inestable. Javier, por ejemplo, es un joven de 19 años que inició el trámite para obtener su documento a partir de una oferta de trabajo en blanco que no pudo aceptar.


- La Asistencia social. Muchos programas de asistencia social por parte del Estado requieren constancia de DNI, por lo que aquellos sin la debida documentación quedan excluidos de subsidios, programas de transferencias monetarias (como la Asignación Universal por Hijo), planes alimentarios o prestaciones sociales.


Mabel, Mónica, Juliana y Javier representan algunas de las personas cuyas historias son invisibles para el Estado y la sociedad. Son aquellos que nacieron en el país pero que no cuentan con ningún tipo de identidad legal, lo que constituye un obstáculo para terminar el colegio, tener un trabajo en blanco, casarse, adquirir una cuenta bancaria, comprar un pasaje de viaje, votar a los representantes – trámites que para el resto de nosotros pueden parecer cotidianos pero que la imposibilidad de realizarlos implica un círculo vicioso de marginación. Es una ciudadanía incompleta, una deuda del Estado con sus ciudadanos.


Más información www.uca.edu.ar





 

 



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