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La Defensoría del Pueblo elaboró un informe sobre la relación entre el uso indebido de agroquímicos y la discapacidad


La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad” el cual da cuenta de la alta probabilidad de la vinculación entre el uso indebido de los agroquímicos, y su consecuente toxicidad, con la génesis de la discapacidad, advirtiendo acerca de la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades públicas en general por la demora en la adopción de medidas preventivas.

“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, dice el informe publicado por la Defensoría Nacional. La investigación asegura que la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos no funciona con la regularidad necesaria y cuestiona una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Los datos recabados en testimonios, documentos e informes, entre los que se encuentra el realizado por la Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la Provincia del Chaco (02/12/2009) y la investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA/CONICET titulada “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos (…)”, fueron claves para determinar que “las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría.

Además, el Informe refiere que la toxicidad de los agrotóxicos en la salud humana requiere sin más opción que la aplicación inmediata del Principio Precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente, como resultado de la ausencia de medidas para aplicar ese principio, activarían la responsabilidad de quien no lo previene.

En Misiones, se tuvieron presentes los testimonios de la situación que atraviesan varias familias de las localidades de Artistóbulo del Valle, El Soberbio y Colonia Alicia, aportados por una ONG local y una investigación televisiva que dan cuenta de observaciones sistemáticas, que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos.

En Córdoba, se citan el ‘Encuentro de Pobladores de zonas rurales y periurbanas’, y el de ‘Medicos de Pueblos Fumigados’ cuyas conclusiones dan cuenta que la salud de sus comunidades está siendo afectada por las fumigaciones con agroquímicos que utilizan distintas producciones agrarias, por la manipulación y depósito de esos químicos en zonas pobladas, el desecho de envases y el acopio de granos impregnados de químicos dentro de los pueblos.

Por la investigación realizada, la Defensoría del Pueblo le reclamó al Ministerio de Salud de la Nación a cargo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) que adopte medidas preventivas. Asimismo, a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, a sus Comités Técnico y Asesor y al Consejo Federal de Discapacidad le solicitó que realice las acciones necesarias para la asistencia y los cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos y ante situaciones similares que se detecten en todo el país, como así también las acciones de prevención primaria de la discapacidad, tal como lo establece la legislación internacional y nacional que versa sobre el tema.


Antecedentes


La investigación tiene origen en la prevención contenida en el Artículo 25 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” aprobada en la Organización de Naciones Unidas en el 2006 y aprobado en nuestro país por la Ley N 26.378.

En enero de 2009, luego de una resolución del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta de la Nación creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA).

Al respecto, el Informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa Comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.

Por su parte, en julio de 2011, el SENASA dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. “Una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”, reclama la Defensoría Nacional. También recuerda que en noviembre de 2010 recomendó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos.

El Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad concluye que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.




 

 



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