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Informe Especial (I)


Vivienda en situación irregular, una deuda social estructural


Un informe de la UCA (Universidad Católica Argentina) indica que al menos el 36% de los argentinos no cuenta con conexión a cloacas; el 20% no tiene acceso a gas por red; el 21% no cuenta con calles pavimentadas y el 27 % habita en terrenos o calles inundables.


El informe:


El progreso económico y político-institucional que tuvo nuestro país en la actual década que ya finaliza, a partir especialmente del crecimiento de las exportaciones, la recuperación del mercado interno y el aumento del empleo mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de nuevos empleos de calidad.

A ese proceso le siguió una relativa retracción económica y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte del año 2008, cuando el país se vio sacudido por el conflicto agropecuario, el cual impactó de manera negativa sobre algunas importantes economías del interior del país y de manera más generalizada sobre el sistema político.

A fines de 2008 y durante buena parte de 2009, si bien el impacto fue menor al de otros lugares del mundo globalizado, la crisis financiera internacional y su efecto recesivo no dejaron de afectar la economía, el empleo y la calidad de vida de la población. Las medidas político-económicas adoptadas hicieron posible que se mantuviera en pié gran parte de la recuperación lograda durante los años de bonanza.

En este contexto, se observa que incluso con anterioridad a la crisis persisten determinadas deudas sociales estructurales que no logran resolverse por mucho que se multipliquen el crecimiento, e, incluso, las transferencias condicionadas de ingresos a las familias más pobres. Una de ellas es la marginalidad y la expulsión socio-espacial.

En este sentido, la última Encuesta de la Deuda Social da cuenta de que en la Argentina urbana del Bicentenario todavía el 12% de los hogares –17% de la población - (al menos 1 de cada 10 familias y 2 de cada 10 residentes que habitan el suelo argentino) habitan en una vivienda en situación irregular (vivienda en villa miseria, asentamiento popular sin regularización, ocupación de hecho de casas o edificios, conventillo u hotel de pensión pública).

Además de ello, al menos el 36% no cuenta con conexión a cloacas, el 20% no tiene acceso a gas por red, el 21% no cuenta con calles pavimentadas y el 27% habita en terrenos o calles inundables. 

Si bien el hecho resulta explicable en el contexto de condiciones estructurales de pobreza y de ausencia de un plan real de construcción de viviendas populares para los sectores marginados, no deja de ser paradójico que tanto el progreso económico como la crisis aumentaran en términos absolutos, e, incluso, el porcentaje relativos el número de familias en situación irregular (el déficit, en 2004, era del 10,4%). Al contar las familias más pobres con mayores recursos monetarios, el levantar un techo propio y el paso a un nuevo asentamiento irregular resultó mucho más factible.

Pero esta situación está asociada a otras condiciones de “expulsión, marginación y almacenamiento social”. Si bien desde 2003 a la fecha mejoró de manera significativa el porcentajes de hogares urbanos con acceso a agua corriente, red de gas, desagües pluviales, cloacas y calles pavimentadas, al mismo tiempo, casi sin variaciones, el 11% de los hogares no cuenta con un baño con retrete con descargada de agua, un 12% sufre hacinamiento (3 o más personas por dormitorio), un 16% experimenta riesgo alimentario (estimado en un 11% a partir de la Asignación Universal por Hijo), el 22% sufre de exclusión laboral severa (trabajos informales de indigencia o desempleo abierto), el 24% sufre riesgo de alto malestar psicológico y el 27% no logra tener un proyecto más allá del día a día.

Estas cifras nos refieren a una situación de marginalidad de orden estructural que incluso va más allá de los sectores más excluidos, atrapando a amplios sectores empobrecidos de clase media, los cuales caen en el empleo informal, la pérdida de la vivienda, el desamparo institucional, e, incluso, la mendicidad, el aislamiento social y la crisis psicológica. De tal modo que la Argentina del Bicentenario casi una de cada 3 familias resulta al menos “prescindible” a nivel económico y social.

Dadas las dificultades evidentes, cabe preguntarse: ¿cuán factible es para el sistema político y la economía proyectar el bicentenario 2010-2016 ofreciendo a la ciudadanía una verdadera superación de la pobreza, mejoras sustantivas en materia de capacidades de desarrollo humano y una más justa distribución de las oportunidades de progreso social? 





 

 



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